Hace algunas semanas, un colega me manifestaba su indignación por la permisividad hacia los usuarios de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, pues se les permitía entrar con maletines, en vez de dejarlos en los casilleros, como debía ser. Lo peor, según me seguía contando, fue la respuesta que recibió cuando le hizo saber de este hecho a uno de los encargados de la Sala: «Voy a tomar nota de su reclamo para comunicárselo a mis superiores». Ayer, lo que podía ser una queja más se ha convertido en una amarga realidad.
El Comercio ha informado que una colección de libros ha sido comercializada. ¿Su origen? La Biblioteca Nacional del Perú. La noticia señala que cuatro ejemplares publicados entre los siglos XVI y XIX habrían sido sustraídos de la Biblioteca y recuperados por un coleccionista. En su página web, la Biblioteca Nacional desmiente que uno de los ejemplares mencionados haya desaparecido pues se encontraría en su caja fuerte, mientras que otros dos estarían siendo buscados por los encargados de la BN.
No es un secreto que en los últimos años se ha desarrollado un comercio ilícito de libros antiguos en nuestro país y en otros, como España. Las autoridades y la policía han hecho notables esfuerzos por capturar y desarticular a estas bandas que saquean los archivos y bibliotecas de nuestro país. ¿Cuándo se originó este tráfico? Difícil fecharlo. Un hito moderno podría ser la depredación de los fondos de la Biblioteca Nacional por las tropas chilenas. El siguiente hito, como se sabe, es el incendio de la misma en 1943. Sin embargo, al concentrarnos únicamente en la Biblioteca estamos dejando de lado no solo las ocasiones en que otros establecimientos estuvieron a punto de desaparecer, como el Archivo General de la Nación y el amago de incendio durante la marcha de los Cuatro Suyos en protesta al régimen fujimorista, o la mala administración de los archivos regionales durante muchos años. Otros elementos podrían ser los desastres naturales, como las inundaciones (Archivo Regional de Ica) o lo que Alberto Ulloa, a inicios del siglo XX, llamaba «nuestra imperecedera polilla».
Al mismo tiempo que se han ido extraviando estos documentos, también es necesario reconocer los esfuerzos emprendidos para preservarlos mejor. Todo esto en medio de condiciones muchas veces precarias para los trabajadores de los archivos y bibliotecas, que realizan una labor loable para preservar el patrimonio, en contraste con aquellos que lucran precisamente con estos mismos documentos. Lo paradójico de todo esto es que tenemos una de las bibliotecas más modernas de la región pero con un presupuesto insuficiente, lo que ha llevado a muchos trabajadores a expresarse por una mejor remuneración. Al mismo tiempo, se siguen realizando trámites para repatriar los documentos traídos de Chile después de un siglo. Pero todo este esfuerzo no garantiza que vayan a quedarse por buen tiempo en los anaqueles de los repositorios. Urge una clasificación de los documentos de los archivos públicos, la creación de una base de datos informática y un mejor control de los usuarios, como ocurre en otros países. Algunos archivos, como el Archivo General de la Nación, implementaron el sistema de cámaras de vigilancia para evitar robos como el ocurrido en 2007. La misma persona que había cometido el robo en el AGN lo haría luego en el Archivo Regional de Arequipa, fugando con un legajo notarial de 1818 en un taxi que lo esperaba afuera del local.
Nota: Las imágenes proceden de la versión impresa de El Comercio del lunes 26 de enero de 2009, pp. A1 y A2.