La promulgación de la ley que autoriza la transferencia de los fondos privados de las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones (AFJPs, el equivalente a nuestras AFPs), solo ha contribuido a aumentar la desconfianza de los argentinos hacia el Gobierno, en lo que se considera una medida (desesperada) por hacerse de reservas con las que capear la crisis. Así, los casi diez millones de pensionistas argentinos le dirán adiós a las AFPJs —vigentes desde 1994— y cobrarán a partir de ahora en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mientras que los cinco mil trabajadores de las extintas AFJPs pasarán a su vez al sector público.
En un esclarecedor artículo («El rentismo populista ataca de nuevo»), el historiador argentino y profesor de la Universidad Torcuato DiTella, Ricardo Salvatore, nos explica los orígenes e implicancias de esta controversial medida y desmonta los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Cristina Kirchner para justificar la apropiación de los fondos de los jubilados.
Leer el artículo de Salvatore aquí.
En el Perú, la noticia de la transferencia d
e los fondos privados al erario público argentino llevó a un debate en el que se planteaba la reducción de las (altas) comisiones de las AFPs, especialmente después de que los afiliados recibieran sus mermados estados de cuenta debido a la crisis financiera. Precisamente, El Comercio destaca hoy que los afiliados del fondo privado de pensiones habrían perdido casi 13 mil millones de dólares, con lo cual es un amargo consuelo saber que la rentabilidad de las AFPs locales fue la mayor de la región: 80% en los últimos tres años frente al 31% de Chile y el 21% de Argentina. Mientras se anuncia la creación de un fondo especial con riesgo mínimo, el presidente García ha decidido autorizar el pago de más de US$ 300 millones a los jubilados como una forma de impulsar la demanda interna mediante el consumo.