Sangre en la selva: The Economist opina sobre los sucesos de Bagua

La nota no se guarda ningún tipo de crítica al presidente y al partido del gobierno por no haber sabido manejar la situación y empujado a la población amazónica a reclamar de manera violenta por lo que esta considera es un ataque a sus derechos al uso de la tierra. Y todo para que más compañías petroleras vengan a nuestra selva, como si el gobierno pudiese garantizar que actúen sin dañar el medio ambiente, como ha ocurrido con Doe Run.
 
El artículo se titula «Blood in the jungle» y fue publicado el pasado 11 de junio en la versión online en inglés de la revista británica. Aquí lo hemos traducido para ustedes.

 
“Por siete semanas, decenas de miles de nativos del Amazonas bloquearon caminos y ríos a lo largo del oriente peruano. Ellos han ocupado plantas hidroeléctricas y estaciones de bombeo de tuberías de tuberías de petróleo y gas, agricultura de exportación y comercialización de madera en partes de la selva. Petroperu, la empresa estatal de petróleo, se vio forzada a cerrar una tubería que producía 40 mil barriles de petróleo diarios. En medio de amenazas de racionamiento de energía en los pueblos del oriente, el gobierno del presidente Alan García ordenó a la policía despejar la carretera y tomar el control de la estación de bombeo cercana a Bagua, en la selva norte del Perú.
 
El siguiente choque se produjo el 5 de junio en la Curva del Diablo donde nueve manifestantes y once policías fueron asesinados. Los nativos, armados con machetes y lanzas, capturaron y asesinaron a una docena de policías que resguardaban la estación. Los líderes de los nativos señalan que por lo menos cuarenta indígenas han sido asesinados y que otros sesenta continúan desaparecidos, pese a que este número aun no ha sido confirmado.
 
Este sangriento choque ha sacudido el gobierno de García y ha hecho más dramático la incapacidad del sistema político peruano para solucionar el conflicto entre los proyectos del gobierno para obtener desarrollo y las demandas de algunos de sus ciudadanos más pobres.
 
Miles de nativos blanden sus lanzas y continúan bloqueando los caminos cercanos a Bagua. El gobierno ha impuesto un toque de queda y ha encargado el control de dos provincias del departamento de Amazonas al ejército. Ha enviado refuerzos policiales a otras partes de la selva y ha ordenado el arresto de Alberto Pizango, el líder de AIDESEP, una organización de fachada de los nativos de la selva que organiza las protestas. El mes pasado, Pizango llamó a la insurgencia contra el gobierno, desatando la alarma en un país que ha sufrido por la violencia terrorista que ocasionó Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990. Pizango ha solicitado asilo a Nicaragua. García, por su parte, ha señalado que los gobiernos socialistas radicales de Venezuela y Bolivia estarían detrás de la violencia, manipulando a los «ignorantes» indios.
 
Pese a que no aprueban las violentas tácticas del AIDESEP, muchos peruanos culpan a García por la violencia. El Comercio ha hecho eco de los reclamos de la oposición por el pobre desempeño en el desarrollo del conflicto tanto de Yehude Simon, el Primer ministro, como de la Ministra del interior. El gobierno ha sido largamente acusado de no haber consultado adecuadamente los 99 decretos que impulsó un año atrás, haciendo uso de los poderes que le dio el Congreso. Estos decretos fueron preparados explícitamente para acelerar la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aunque el comercio tiene poco que ver con las nuevas reglas que AIDESEP rechaza.
 
Luego de una primera ola de protestas de AIDESEP en agosto, el Parlamento peruano rechazó dos decretos que facilitaban la venta de tierras comunales. Pero los parlamentarios fallaron al no cumplir con la revisión de otros ocho decretos, lo cual originó una nueva ola de protestas en abril. Estas medidas introducían cláusulas que permitían el desarrollo de tierra considerada «improductiva». El reciente bloqueo del APRA a un intento por rechazar una de estas ocho medidas, la Ley de la Selva, fue el detonante de la violencia. Sin embargo, el 10 de junio el Congreso votó por la suspensión temporal de dos de los decretos.
 
García sostiene que los nativos no deberían tener derecho a evitar las inversiones en petróleo y gas que espera transformen al país en exportador de crudo, beneficiando así a todos los peruanos. AIDESEP manifiesta a su vez que los decretos vulneran el derecho a la propiedad de los nativos. Peru tiene aproximadamente 70 m hectáreas de selva, la parte más grande de la cuenca del Amazonas exceptuando a Brasil. Alrededor del 70% de la selva ha sido otorgada como concesiones para la exploración de gas y petróleo, sobre todo durante el gobierno de García. Las compañías extranjeras de petróleo, incluyendo la española Repsol, así como docenas de pequeñas filiales, manejan muchas de estas concesiones.

Gran parte de la tierra es reclamada como propiedad comunal por las tribus nativas o como propiedad privada. Una de las áreas más disputadas es la del Lote 67, una concesión ubicada en Loreto. Perenco, una compañía anglo-francesa, planea invertir más de dos billones de dólares hacia el 2013 para extraer 100 mil barriles diarios de petróleo crudo. Esta zona se ubica sobre un área propuesta como reserva para un grupo nativo que rechaza el contacto con el mundo moderno.
 
AIDESEP lamenta que el gobierno haya tardado tanto para atender los reclamos de las poblaciones nativas y el otorgamiento de títulos de propiedad mientras que actuó con celeridad para otorgar las concesiones a las compañías petroleras. Esto lleva a que la población nativa sea desconfiada y albergue resentimientos. 330 mil de ellos, agrupados en 60 diferentes tribus, viven en la selva peruana. Muchos no se unieron a las protestas. La mayoría carecen de escuelas y hospitales. Más de la mitad de la población de la selva es pobre, en comparación con el promedio nacional de 36%.
 
El Perú ha sido testigo de muchos conflictos referidos al tema de la minería, el petróleo y las poblaciones locales, las cuales se quejan del daño al medio ambiente así como a una falta de beneficios tangibles por estas inversiones. Por lo general, los conflictos solo se han resuelto luego de protestas y ocasionales derramamientos de sangre.
 
AIDESEP señala que bajo la declaración de la ONU sobre poblaciones nativas, aprobada por el Perú, sus miembros tienen el derecho de ejercer control sobre sus tierras ancestrales y sus recursos. El problema para el Perú es que no existe un acuerdo sobre cómo aplicar esos derechos o cómo conciliarlos con los intereses del resto de la población. La fuerza no es la respuesta. En vez de vociferar, García debería ofrecer al país una consulta y un debate sobre estos temas”.