Abril es un mes particular en el calendario fujimorista. Como lo recuerda una de las panelistas de este post, fue en abril en que se definió la victoria del hasta entonces desconocido Alberto Fujimori sobre el candidato Mario Vargas Llosa en 1990, como también fue en abril que dio la orden para cerrar el Congreso. Una tercera fecha que no puede pasar por alto en la hagiografía color naranja fue la ejecución de la Operación Chavín de Huántar, que terminó con el secuestro de los rehenes en la residencia del embajador japonés y cuyo triunfo político fue aprovechado hasta el punto de convertirlo en una celebración oficial durante los años que le quedaban de mandato. Pero abril también ha sido el mes en que ha sido sentenciado por los delitos que permitieron extraditarlo de Chile después de varios años de exilio en Japón y el país del sur.
La sentencia a 25 años podría indicar que se cierra uno de los gobiernos más tenebrosos y controvertidos de nuestra historia. Ya superadas las emociones que trajo el fallo (a favor y en contra), es necesario tratar de establecer un balance de lo que fue su gobierno y cuál es el legado que nos deja. El presente post tiene como propósito contextualizar algunos de los argumentos que se suelen presentar como los logros más importantes del periodo 1990-2000. En el primer acápite («Dos premisas cuestionables»), intento refutar ambos argumentos, señalando que se trata de atribuciones que no responden al contexto en el que fueron desarrolladas. Luego, en «La década infame», abordo un tema que ha sido pasado por alto por los defensores del ex mandatario y que no ha suscitado demasiados comentarios al no estar incluido en los cargos de extradición por los que ha sido juzgado: la corrupción. Por último, y para tener una visión más amplia del tema, hemos consultado a cinco historiadores (Natalia Sobrevilla, José Luis Rénique, Emilio Candela, Jorge Valdez y Tamara Feinstein), quienes dan su opinión acerca de la herencia del fujimorismo y de cómo esta, para bien o para mal, sigue vigente hasta nuestros días.
Dos premisas cuestionables
Los defensores del defenestrado mandatario han sacado (nuevamente) a relucir el argumento de que él no debería ir a la cárcel ya que trajo prosperidad al país y de que los errores que pudiera haber cometido (entiéndase muertes, robo y destrucción de la democracia) se perdonan en base a estos dos logros. El problema con esta postura es que carece de sustento y se basa en una falacia: ¿cómo comparar una cosa con la otra? ¿lo bueno debe borrar lo malo?
Es necesario examinar estas premisas y contextualizarlas para entender que los supuestos logros no son tales, ya que luego de la caída de la hiperinflación no se crearon los mecanismos para asegurar el desarrollo económico del país. Los recursos obtenidos por la liberalización del mercado fueron saqueados y depositados en cuentas del extranjero mientras los índices de crecimiento sí pudieron ser consolidados no gracias a Fujimori, sino después de su huida, cuando el país retornó a la democracia y las inversiones retornaron. Por otro lado, el terrorismo no fue definitivamente terminado, ya que los bolsones existentes pudieron establecerse en alianza con el narcotráfico. La política de ejecuciones extrajudiciales minó asimismo la estrategia antisubversiva y la legitimidad de las Fuerzas Armadas frente a la población, contrario a lo que pretendía el gobierno para ganarse «los corazones y las mentes» de la población.
a. La «derrota» de la hiperinflación
La improvisación, soberbia y torpeza con las que García dirigió la economía durante su primer gobierno (1985-1990) nos dejó como saldo una de las peores hiperinflaciones del mundo y puso al país al borde del abismo, lo cual fue aprovechado por el terrorismo para empujar a la sociedad al descontrol y al caos. Ante una situación similar, además de nuestro aislamiento en el sistema financiero internacional, la única salida parecía ser un shock económico que regulara la economía y la sacara del manejo estatal y centralista del gobierno del APRA. El símil más cercano sería lo que ocurrió durante la transición de una economía planificada como la URSS al posterior libre mercado. Uno de los candidatos, Mario Vargas Llosa, había sido enfático en la necesidad de aplicar un shock, y lo puso como parte de su campaña. Pero este plan incluía también una contraparte, que fue la ayuda asistencial a los más pobres (PAS, Programa de Apoyo Social) para que resistan las medidas mientras estas durasen. A medida que se acercaba la campaña y que el aprismo saliente hacía cálculos para que ganase Fujimori y no el novelista, se comenzó a difundir propagandas de corte apocalíptico sobre las consecuencias que traería un eventual gobierno del Fredemo.
Finalmente, sería Cambio 90 quien se apropiaría del modelo preparado por el Fredemo, luego de haberlo fustigado y satanizado durante la campaña. La aplicación del ahora denominado fujishock por el Ministro Hurtado Miller liberó los precios y los dejó a merced de la autoregulación. El elemento salvador fue la apertura del mercado y su conversión hacia un brutal neoliberalismo, que desmanteló al Estado y si bien modernizó los servicios al consumidor, los dejó a merced de empresas privadas que lograron recuperar su inversión mucho antes de lo proyectado, en base a las tarifas impuestas a los usuarios. Este neoliberalismo inicial estuvo marcado por el ingreso de ingentes cantidades de dinero al fisco provenientes de la venta de empresas públicas. Posteriormente, las exportaciones consolidarían la estabilidad económica al igual que la modernización en los entes de recaudación, cuyo paradigma de eficiencia sería la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Al mismo tiempo que estas reformas económicas se iban implementando se procedió a debilitar la base social mediante los despidos por incentivos, la presión sobre los sindicatos y la liberalización de los contratos. Todo ello menoscabó el tejido social y desarmó la capacidad de las organizaciones de base para coordinar y presentar reclamos. La reducción del Estado que buscó el Gobierno no se tradujo en una mayor eficiencia. En el otro extremo, lo que el gobierno entendió como compromiso con los más necesitados fue la dotación e implementación de carreteras al interior del país así como de edificaciones como colegios, sin que esto lograse generar un tejido social necesario para combatir las desigualdades en los ingresos que se presentaban por esos años. La recesión y las crisis económicas que golpearon al mundo desde mediados de la década del noventa hicieron efecto en el Perú debido a que no hubo un proyecto de desarrollo a largo plazo, y que los fondos obtenidos por la privatización fueron saqueados. Al mismo tiempo, el Fenómeno del Niño revela la inexistencia de una organización estatal capaz de proveer la ayuda necesaria a la población afectada. La inflación comenzó a aparecer nuevamente, y con ella una recesión que va a durar hasta el fin de su gobierno.
b. La «derrota» del terrorismo
Pese a que este tema estuvo ausente de los lemas de campaña en 1990, el fujimorismo lo convirtió en su emblema desde 1992, cuando fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. ¿Hasta qué punto la derrota del terrorismo se debió a un plan diseñado por el ex presidente? La captura de Guzmán ocurrió sin que el presidente y su mano derecha, Vladimiro Montesinos, estuviesen al tanto del operativo. Además, tampoco tenía relación con las medidas tomadas a partir del autogolpe del 5 de abril, pero la realización de la captura luego de esta fecha permitió establecer un nexo de causalidad que no existía. A partir de entonces, no se dejó nada al azar y la política antiterrorista pasó a estar manejada con mayor control, como se puede apreciar en la Operación Chavín de Huántar.
Uno de los puntos centrales que ha esgrimido la parte acusadora fue que Fujimori dirigió una organización criminal que buscó eliminar la subversión. La defensa del acusado y del grupo que lo respalda ha ido en varias direcciones, incluso de modo contradictorio. Han recurrido a la semántica al manifestar (con la ayuda de la lingüista Martha Hildebrandt) que el vocablo «eliminar» tiene al menos cuatro acepciones distintas a las de «matar» o «asesinar». Este término fue utilizado por las dictaduras del Cono Sur al hacer referencia a la puesta en marcha de un plan para erradicar la subversión en sus respectivos países. Fue empleado al hacer una metáfora entre la sociedad y el cuerpo humano, en la que los subversivos actuaban como un cáncer, por lo que: «la sociedad padece un cáncer y hay que aplicar cirugía mayor». Y si los fujimoristas señalan que hay varias interpretaciones al término «eliminar», sería bueno recordarles qué entendieron por esa palabra las dictaduras chilena y argentina.
Una estrategia adicional que empleó la defensa y el mismo acusado fue la de negar que hayan tenido conocimiento de la acción de grupos paramilitares, como el Grupo Colina. Lo que ha quedado demostrado no es solo que Fujimori no desconocía las acciones de este grupo sino que lo amnistió. Por más que arguyera que su estrategia fue la de pacificar el país mediante métodos legales y el desarrollo económico, el accionar por medio de asesinatos extrajudiciales fue un elemento recurrente, como ocurrió en La Cantuta, Barrios Altos y la Operación Chavín de Huántar y en el asesinato selectivo de otras personas. La mención por parte del tribunal de que quienes fueron asesinados en La Cantuta y Barrios Altos no tenían relación alguna con la subversión exasperó a los fujimoristas, que han insistido en que se trató de un «exceso» (al menos ahora le anteponen el adjetivo «lamentable»). La noción misma de «exceso» merece ser revisada, ya que confirma que estas muertes no estaban contempladas dentro de un plan original que sí incluía asesinatos extrajudiciales, pero que fueron asesinadas por error o como un abuso de la política antisubversiva planificada por quien dirigía las Fuerzas Armadas.
La década infame
No cabe duda que el fujimorismo degeneró en un Estado mafioso, que logró cooptar a las 
demás instituciones públicas y privadas por medio de la coacción y las prebendas. Ningún espacio estuvo fuera del interés del Gobierno de ese entonces: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Poder Electoral, los medios de comunicación (televisión, radio y prensa). Fue muy poco el espacio que tuvo la sociedad civil para resistir a un tipo de política que se iba extendiendo a todo el país. Nunca antes un país había tenido a todas sus instituciones secuestradas de la manera en que lo hizo el gobierno fujimorista. Y si bien este no inventaron la corrupción, sí permitó que esta se organizara de manera vertical y constituyera un aparato paralelo al formal, el cual quedó profundamente debilitado y está tratando de recuperarse lentamente, como ha ocurrido con los organismos electorales, el Poder Judicial y parte de la prensa (el Congreso es tema aparte).
En un reciente libro, Corrupt Circles. A history of unbound graft in Peru (Maryland: The John Hopkins University, 2008, p. 446), el historiador Alfonso Quiroz —de quien tomo prestado el título que abre este acápite— ha realizado una serie de estimaciones sobre el costo que la corrupción ha tenido para nuestro país durante el siglo XX. El resultado al que él llega es escalofriante, aunque no debe sorprendernos: el régimen fujimorista habría sido el que más robó en la historia peruana.
Quiroz señala que «la administración pública del país fue capturada por un grupo de militares corruptos y civiles cómplices». Hay que entender que este costo en la corrupción no solo se refiere al ámbito cuantificable sino a la pérdida de credibilidad del garante del orden institucional: el Estado. Su investigación establece que durante el gobierno de Fujimori, la corrupción le habría costado al país 1.4 billones de dólares por año, lo que equivale a la tercera parte del presupuesto anual. El siguiente cuadro, tomado de la p. 440 de dicho libro, muestra la distribución ilegal de fondos de manera desagregada.
Epílogo
El fin del gobierno en 2001 no significó la desaparición de su imagen pues el movimiento pasó a estar dirigido por sus hijos, Kenyi y Keiko. Desde entonces, los fujimoristas han tenido que hacer lo posible por mantener vivo a una agrupación que no puede exhibir su lema original («Honradez, Tecnología y Trabajo»), y que ha tenido como caballo de batalla el destino judicial del ex presidente. Lo curioso es que descontando las premisas de combate al terrorismo y a la hiperinflación, la propuesta fujimorista carece de sustento. En lugar de ello, la que se avizora como la heredera «natural» de la agrupación, Keiko Fujimori, ha anunciado como lema de campaña la liberación de su padre, y para ello no ha dudado en azuzar a los simpatizantes y anunciar movilizaciones, asumo que similares a las que llevaron a irrumpir el año pasado en el Ojo que Llora y pintarrajearlo.
El reto va a consistir en que los demás partidos políticos puedan organizarse y presentar opciones viables y realistas para un contexto que, esperemos, podría ser de recuperación de la crisis económica para el 2011 y de fortalecimiento interno de la democracia con independencia de los poderes del Estado. Mientras eso no ocurra, el fantasma del fujimorismo y su pragmatismo vacío de alternativas seguirán rondando la esquina… y las encuestas.
Mesa Redonda: El legado del fujimorismo
Para intentar establecer un balance sobre lo que significó una década de fujimorismo, consultamos a un grupo de historiadores. Ellos nos dieron su opinión acerca de lo que representa el legado del fujimorismo.
Natalia Sobrevilla (Universidad de Kent, Reino Unido). En la historia reciente del Perú abril tiene un aspecto de crueldad particular, no solo por traer el otoño sino por estar enlazado inextricablemente a Fujimori. Fue en abril del 90 que conocimos su pasión por los bacalaos reales y metafóricos, fue el mes en que cerró el Congreso, y ahora también en abril se le condena. ¿Cuál es el legado de todo esto a casi diez años desde que dejó el poder? Después de una década donde la corrupción llegó a copar todo el espacio del poder nos sigue forzando a hacernos preguntas difíciles: ¿era posible derrotar al terrorismo respetando la democracia? ¿Era necesario gobernar como lo hizo él para salir de la crisis económica? ¿Fue un precio demasiado alto el que hubo que pagar? La pasión y divergencia que generan estas preguntas muestran como la discusión sobre Fujimori se mantiene vigente y las respuestas que se dan muestran la diversidad de visiones de mundo. Nos remiten a cuestiones tan básicas como si es aceptable usar todos los medios para lograr el fin; si los derechos de todos tienen la misma validez. Este para mí es el legado de Fujimori, la manera cómo nos fuerza a seguirnos haciendo estas importantes preguntas.
José Luis Rénique (Lehmann College y CUNY, Estados Unidos). ¿Cómo explicar el arraigo de un movimiento nacido de una combinación de neoliberalismo extremo y autoritarismo? Como el leguiísmo y el odriísmo, el fujimorismo se alimenta de la brecha histórica entre el “país oficial” y el “país profundo,” de la crónica crisis de representación de nuestro sistema político. Las excepcionales condiciones de los 90 le confirieren atributos singulares. Una imagen basta: la llegada a un “pueblo olvidado” de un Presidente que, en horas, supera lo hecho en siglos por autoridad alguna. La guerra interna, la conversión de las FFAA en “partido del gobierno,” su “eficaz” control mediático, entre otros factores, explican su consolidación. Otro conjunto de hechos explican su durabilidad post-2000: (a) la existencia de un relevo dinástico familiar; (b) una estrategia movimientista centrada en lo electoral que permite mantener las redes construidas desde el estado, (c) la ausencia de un competidor con llegada similar a sectores críticos de la población y, finalmente, (d) el gran espectáculo mediático de la victimización de su líder máximo. Se nutre el fujimorismo de la incapacidad de sus competidores. Si este significativo capital político aportará o no al fortalecimiento de la endeble democracia peruana es una pregunta abierta.
Emilio Candela (PUCP). Hoy, con Fujimori condenado a veinticinco años de prisión, sería fácil afirmar que su gobierno fue un desastre y una dictadura sangrienta; pero no creo que ello sea lo más sensato y apegado a la verdad. Sobre todo porque es indudable que en los noventa hubo un trabajo serio en varios sectores, y ello se tradujo en los profundos cambios que alteraron la economía y la visión política en el país. Tomando en cuenta el contexto tan difícil en el que surgió este gobierno, el legado en materia económica y de pacificación fue notoriamente positivo. Creo que fue en los años noventa cuando se sentaron las bases firmes para el crecimiento económico que hemos tenido en estos años, sobre todo por las bases legales incluidas en la Constitución de 1993 que permitieron la llegada de inversión extranjera y la consolidación de una economía de mercado. En política, el fujimorismo representa un tipo de administración pragmática, de mayor cercanía al poblador, que indudablemente le fue más útil respecto a lo que significaron los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, estas dos notas positivas deben coexistir en la memoria de la población con los graves hechos de corrupción, arbitrariedades y algunos casos de violación de derechos humanos que evidentemente ensombrecieron los aspectos positivos logrados en aquella década.
Solo puedo añadir que el fujimorismo pudo calar hondo en algunos sectores de la población, a pesar de los aspectos negativos que he mencionado, como lo demuestra el apoyo popular que aún mantiene. Ello es un síntoma que, guste o no nos guste y pese a quien le pese, el fujimorismo representa un hito de la historia política contemporánea del país y que estará presente en los siguientes años.
Jorge Valdez (PUCP). En la actualidad existen “fujimorismos” en plural, más aun después de la condena al líder, Alberto, y la herencia prematura —de carácter político— a sus hijos Keiko y Kenji. Estamos viendo lo que sería una tercera etapa del fujimorismo, ya no sólo sin Montesinos, sino sin el patriarca de la dinastía, lo que enfrenta a esta variopinta y reciclada agrupación política a nuevos retos, los cuales no resolverán con un simple cambio de nombre, como ya nos tienen acostumbrados (Fuerza 2011 es la cuarta agrupación fundada por el fujimorismo desde el 2000). Los legados, también en plural, son diversos. La debilidad del Estado como institución me parece el más saltante y grave, producto de la cooptación de las mismas y coronada por una renuncia vía fax del mismo presidente en el 2000. Asimismo, el fujimorismo aglutina varios elementos de la antipolítica peruana —el clientelismo, la corrupción, el autoritarismo, la verticalidad, la improvisación— que evidencia una agrupación premoderna que aprovecha las grietas preexistentes de la débil democracia local, con la finalidad de crear un discurso falaz de orden, progreso y ley, cuando en realidad sus acciones demuestran intolerancia, polarización y agresividad. Es de esperar que este tipo de discursos subdesarrollados sean cada vez menos atractivos para los electores y que las otras agrupaciones políticas hagan un deslinde —cosa que la categórica sentencia parece estar provocando— que empuje a los fujimoristas a aislarse o a asimilarse.
Tamara Feinstein (Universidad de Wisconsin, EEUU). Aun cuando la autodefensa del ex presidente Fujimori parecía más un discurso político y menos una respuesta a los cargos que se le imputaban, su alegato nos planteó un balance socio-político de su régimen: sus avances, logros y obstáculos. Fujimori repitió que no se arrepiente de nada y, en cambio, ofreció una visión histórica de su gobierno en la que se autoproclama el salvador de la nación peruana. Estoy completamente de acuerdo que el país estaba en un momento de grave crisis cuando asumió el poder en 1990. Los problemas económicos y de seguridad interna eran consecuencia de los últimos dos gobiernos, los grupos subversivos y el sistema económico internacional. Sin embargo, pienso que las soluciones que Fujimori implementó traían consigo sus propios peligros, y significaron un oscuro legado. Como la ha demostrado la evidencia, para combatir la subversión su gobierno incorporó tácticas de guerra sucia, como la creación de un escuadrón de la muerte, el Grupo Colina. Además de los asesinatos y secuestros cometidos, las tácticas anti-democráticas e ilegales duraron hasta el final de su régimen. Estas tácticas no estuvieron limitadas a los grupos subversivos, sino que tuvieron como objetivo la prensa, la oposición política, los sindicatos, y los activistas de los derechos humanos. Combatir el terror con más terror no solo es equivocado por razones legales y éticas, sino también porque pone en peligro la base de la democracia y la libertad que supuestamente todos aspiramos a proteger.
Créditos: las imágenes de Montesinos y Kouri, y de Fujimori en campaña, corresponden al Anuario 2000-2001. Lima: Apoyo Comunicaciones y El Comercio, 2001.