La sentencia de 25 años al ex presidente Alberto Fujimori constituye, sin lugar a dudas, un hito no solo en el ámbito jurídico sino también en la historia de nuestro país. El juicio nos ha permitido volver casi veinte años atrás y recordar una época marcada por una serie de rasgos de carácter autoritario y de triunfalismo basado en falsas premisas. La tarea que nos corresponde como historiadores es analizar el material producido a partir del juicio y proveer interpretaciones que confirmen los estudios realizados anteriormente sobre este periodo o que propongan nuevos derroteros para entender el periodo 1990-2000.
Al respecto, Natalia Sobrevilla, profesora de la Universidad de Kent (Gran Bretaña) y especialista en historia política peruana del siglo XIX, nos ha hecho llegar un texto en el cual inserta el fallo condenatorio al ex presidente Fujimori dentro de un contexto mayor, el del gobierno fujimorista y sus secuelas.
Hoy, la sala penal especial ha emitido un fallo condenatorio a Alberto Fujimori. Lo ha sentenciado a 25 años de pena privativa de libertad, la pena máxima por las cuatro causas por las que fue extraditado de Chile. Los jueces lo encontraron culpable de ser el autor mediato de homicidio calificado (es decir, el asesinato de veinticinco personas), de lesiones graves a cuatro personas y del secuestro agravado de otras dos. Para algunos esto no es mucho, considerando el elevado número de víctimas que la violencia produjo en el Perú. Otros arguyen que ese era un precio más que justo, ya que a cambio de unas cuantas muertes se terminó con el terrorismo. Para mí, lo importante de hoy es que la justicia peruana, no la justicia internacional o la interamericana, sino la peruana, falló que estos delitos constituyen crímenes contra la humanidad de acuerdo con el Derecho Internacional Penal.
No soy abogada, en parte por haber crecido durante un tiempo en que el Derecho fue desprestigiado de tal forma que llegó a parecerme una rama de estudio poco indicada para quienes buscaban la justicia. Crecí en un país donde la democracia existía solo para algunos, para quienes vivían en las zonas que no eran de emergencia; un país deshecho por el terrorismo y la hiperinflación, donde, al tiempo que yo crecía, los espacios iban siendo copados poco a poco por ese limbo legal en el cual la constitución no valía. Mis primeros recuerdos sobre política fueron las elecciones de 1980 -que marcaron el retorno a la democracia-, la matanza de los periodistas en 1983, y la creciente desazón ante la imposibilidad de terminar con un grupo como Sendero Luminoso que, inicialmente se pensó era no solo pequeño sino que estaba muy aislado. Recuerdo conversaciones vagas sobre abusos a los derechos humanos, pero todo era muy abstracto, dicho en voz muy baja durante los cada vez más frecuentes apagones, esas largas noches oscuras en que la luz eléctrica se cortaba y sentíamos todos que las zonas de emergencia estaban cada vez más cerca.
Las elecciones que llevaron a Alan García al poder por primera vez quedan frescas en mi memoria. Recuerdo cómo en la tele pusieron una imagen sin rostro y como esta iba apareciendo cuando iban llegando los resultados. En aquel momento no entendí qué significaba la llegada del APRA al poder, pero al poco tiempo se esclareció el significado del populismo. No tenía edad para ir a votar cuando los miembros de mesa eran resguardados por el ejército, cuando todos temían por su vida. Para entonces, las noticias de las matanzas no eran raras, e incluso las llegamos a ver muy de cerca cuando se amotinaron los terroristas en las cárceles. En Lima había toque de queda y nadie podía circular después de media noche. La ciudad estaba cubierta de tanques y soldados. Hacia fines de los años ochenta la sensación de hartazgo era incontenible, el miedo y la desazón interminables.
No pude votar en 1990 por cuestión de días. El padrón electoral se cerró dos semanas antes de mi cumpleaños. Me tocó ser espectadora del último proceso bajo la constitución de 1979. Como universitaria viví la campaña de modo intenso con una sensación de asco permanente; el triunfalismo anticipado de Vargas Llosa siempre me pareció peligroso. Al principio, cuando Fujimori saltó al ruedo, junto con el candidato del grupo religioso que tenía como símbolo el pescadito, fue el candidato del chiste. Se le veía gracioso en su tractor prometiendo honestidad, trabajo y progreso. Dejó de ser gracioso cuando quedó claro que arrasaría simplemente porque prometía todo lo que evidentemente era imposible e inviable y se convirtió en una realidad que no hemos podido evadir en estos últimos veinte años. El día que fue electo me sentí profundamente triste, no por la derrota de su rival, quien contribuyó bastante a su victoria, sino porque me quedó claro en ese momento que una gran mayoría de peruanos no tenía ningún deseo de enfrentarse con la verdad y que prefería un candidato que les mentía de la manera más descarada.
En los veintiún meses que duró la democracia con Fujimori, el deterioro de la situación fue patente. Sus primeros actos de gobierno consistieron en hacer todo lo que en campaña había dicho que no haría. La derecha aplaudió con fuerza. Estos fueron los tiempos del grupo Colina y de la matanza de Barrios Altos. En los primeros meses de 1992 la situación se hizo cada vez más compleja debido al enfrentamiento entre el ejecutivo y el congreso. El cinco de abril tiene mucho más sentido en retrospectiva que en aquel momento, a pesar de que en la facultad de Historia los profesores nos dieron ese lunes clases magistrales sobre el terrible pasado republicano y lo poco novedoso que era aquello. La violencia creció aún más: otra vez toque de queda, esta vez a las diez de la noche. La guerra ya estaba encima nuestro, no había donde esconderse, las bombas eran cosa de todos los días. No importaba, nada importaba, total podíamos morir el próximo día, así como murieron los nueve estudiantes y el profesor de la Universidad Guzmán Valle de la Cantuta, porque una noche los fueron a buscar y los acusaron de senderistas.
Tuve la suerte de que a mí nadie me viniera a buscar, la suerte de nunca estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero eso fue todo. Fue simplemente una cuestión de suerte. Hoy el tribunal ha dejado en claro que ninguna de las víctimas tenía vínculos con Sendero Luminoso. Eso es algo que no hay que dejar de resaltar: eran inocentes, y por eso mismo sus deudos recibirían reparaciones monetarias de parte de Fujimori, no del Estado, sino de quien la corte considera el autor mediato de los hechos. Hoy hemos recordado paso a paso cada uno de los 247 hechos que han sido probados durante el juicio. Oír a la relatora recitarlos por casi dos horas nos hizo revivir casi veinte años, presentando las acciones del ex presidente una a una, sin dejar espacio para las dudas. Eso es lo que se ha probado en la sala penal especial, los jueces se han pronunciado.
La hija de Fujimori, hoy candidata presidencial, también se ha pronunciado: para ella la lectura de la sentencia no ha sido más que una venganza política. Ello, a pesar de que no se ha juzgado a su padre por los múltiples crímenes contra la democracia. Por eso no lo extraditó Chile. Chile no lo extraditó por haber cerrado el Congreso ni por haber destruido el orden constitucional; no se le juzgó por el extraño proceso que llevó al Congreso Constituyente Democrático -la primera vez en la que pude votar y las opciones eran el reloj, la escoba, o el representante de Batman-. No se le leyó sentencia por haber puesto una constitución a su medida que le permitía una muy discutible reelección. Tampoco se le siguió juicio por la cuestionada ley de interpretación auténtica que le permitió una aún más cuestionable re-reelección en 2000, en la que hizo trampa cuando probablemente no la hubiera necesitado, porque su régimen había estrangulado la libertad de prensa con una corrupción difícil de imaginar. Ni siquiera se le juzgará por los múltiples delitos de corrupción e enriquecimiento ilícito, porque por un voto no se le extraditó por dicho cargo. No, esos juicios están por venir. El juicio de la historia recién comienza, y se construye hoy desde las bases del fallo de los jueces San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo.