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La Ley del Terror. Estado, represión y protesta campesina en los Andes (1867-1868)

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Históricamente, la forma cómo el Estado peruano ha resuelto las protestas en el interior del país ha sido por medio de la represión antes que por la negociación. La creación de mesas de diálogo, la presencia de intermediarios, o la invitación a llegar a acuerdos con las autoridades locales descontentas solo data de tiempos recientes. En el largo periodo que va desde la Era de las Insurrecciones Andinas (1750) hasta el presente, el descontento social ha estado marcado principalmente por la violencia y el envío de tropas para solucionar los reclamos de la población del interior.

¿Hasta qué punto esta actitud desarrollada por las autoridades coloniales y republicanas ha afectado el actual escenario político? Visto de manera general, el actual panorama de descontento social tiene razones diversas, que van desde la insatisfacción política hasta temas medio ambientales. Pero también podemos señalar que se debe a la falta de experiencia del Estado y de los demás actores políticos en crear mecanismos para canalizar y buscar resolver estas protestas, las cuales derivan muchas veces en revueltas abiertas contra el Gobierno de turno, y cuyo guión termina, lamentablemente, en el uso de la represión, como se ha venido dando en la última década. Por supuesto, una hipótesis de este tipo requeriría un análisis más cuidadoso, que tuviera en cuenta coyunturas específicas, como las oleadas de protesta campesina en 1920s, 1960s y la coyuntura actual. Sin embargo, en todas ellas hemos observado el mismo desenlace: envío de tropas, violencia sin control y un ahondamiento de la desconfianza entre el interior del país y el Gobierno, afectando la gobernabilidad y las relaciones Estado-sociedad.

En este post quiero analizar brevemente un momento particular de esta dinámica: la Ley del Terror, aprobada por un grupo de parlamentarios en 1867 y que pretendía legalizar una violenta represión contra la población campesina de Puno, que se encontraba sublevada y liderada por el coronel y político Juan Bustamante. Esta protesta tuvo un trágico y sangriento fin, en un acto de represión no visto desde la Gran Rebelión de Tupac Amaru ochenta años atrás. En realidad, se trataba de una ola expansiva de frustración y abierta rebeldía por un Gobierno de apariencia progresista pero que rápidamente decidió virar hacia un régimen económico conservador, al postular la reimplantación de la contribución personal (un nombre distinto para el tributo indígena de origen colonial), como una forma de mantener la economía a flote.

La reacción en contra de esta medida se extendió por diferentes partes del país, mientras las fuerzas progresistas buscaban defender al régimen de la alianza entre gamonales, políticos y militares que buscaban aprovechar el momento para expandir sus propiedades y sacar provecho de la expansión agrícola y la exportación. En el caso particular del altiplano, la mira estaba puesta en las ricas tierras y los ganados de auquénidos en posesión de las comunidades. La reimplantación del tributo dio lugar a una serie de abusos por parte de los efectivos militares, quienes procedieron a reclutar campesinos en las filas del ejército y saquear los poblados rebeldes, apropiándose de todo cuanto pudieron.

Bajo la premisa de que se debía poner orden en el país, los parlamentarios José Quiñones y Santiago Riquelme (irónicamente, provenientes de Puno), presentaron el 8 de mayo de 1867 un proyecto de ley que sería conocido en la opinión pública como la Ley del Terror. Por medio de esta, se autorizaba al Poder Ejecutivo:

  • Para mandar a juzgar en consejo de guerra a todos los instigadores y cabecillas de los indios sublevados.
  • Para trasladar ad perpetuam, a los puntos habitados de la provincia de Carabaya, a las comunidades o parcialidades de indios que se hubiesen mostrado más sanguinarios y tenaces en la sublevación.
  • Para mandar se adjudique a los indios trasladados los terrenos necesarios de labranza, sin perjuicio de derecho de tercero.
  • Para mandar se venda en pública subasta los terrenos de propiedad de los indios trasladados, con cargo de invertir los productos en semillas e instrumentos de labranza, que serán entregados a los respectivos dueños.

La ola de revueltas llegó a su clímax en Huancané a inicios de 1868. Para ese entonces, el gobierno de Mariano Ignacio Prado había caído y Bustamante sabía que las tropas irían a su encuentro. Si bien los especialistas discuten si la Ley del Terror fue aplicada sobre Bustamante y sus tropas, lo cierto es que los testimonios que han llegado hasta nosotros dan cuenta de la brutal venganza contra los sublevados de Huancané. El ensañamiento con los derrotados da cuenta del mensaje que se quería transmitir y la impunidad con la que contaban los encargados de pacificar la región. Bustamante fue colgado de cabeza de un árbol y decapitado a machetazos. Los líderes de la revuelta fueron encerrados en una choza, a la cual se prendió fuego. El común de la tropa de las filas rebeldes no tuvo mejor suerte y fue deportada a la cercana provincia de Carabaya.

La región fue asolada por completo, tarea diligentemente cumplida por los efectivos del orden, quienes saquearon y destruyeron todo lo que se pudo, bajo la consigna de la ley que los amparaba y el creer que hacían un servicio a la nación. La zona fue sometida a un régimen de control total y sus habitantes quedaron a merced de las tropas, con todo lo que ello significaba. Como lo señala agudamente José Luis Rénique, se trató tan solo de un primer paso de un proceso de transferencia y dominación de los recursos campesinos hacia los terratenientes, lo cual se completaría en las primeras décadas del siglo XX y llevaría, nuevamente, a otra ola de rebeliones en el área altiplánica.

 

Bibliografía

Gonzalez, Michael. “Neo-colonialism and Indian Unrest in Southern Peru, 1867-1898”. Bulletin of Latin American Research 6.1 (1987): 1-26.
Mc Evoy, Carmen. “Indio y Nación: una lectura política de la rebelión de Huancané (1866-1868)”. En Forjando la Nación (Lima: IRA, 1999).
Monsalve, Martín. “Opinión pública, sociedad civil y la ‘cuestión indígena’: La Sociedad Amiga de los Indios (1867-1871)”. A Contracorriente 7.1 (2009). [pdf]
Rénique, José Luis. La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Cepes, Casa Sur, 2004).
Vasquez, Emilio. La rebelión de Juan Bustamante (Lima: Juan Mejía Baca, 1975).

Créditos: la fotografía de la cabecera muestra el monumento a los caídos de la rebelión de Huancané y proviene del libro de Emilio Vásquez.

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José Ragas
Soy Ph.D. en Historia por la Universidad de California, Davis y Mellon Postdoctoral Fellow en el Departament of Science & Technology Studies en Cornell University. Mi investigación se centra en la formación de sistemas biométricos y tecnologías de identificación. Para conocer más sobre mis investigaciones, pueden visitar mi perfil o visitar mi website personal: joseragas.com.
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  • Cecilia Méndez

    Estimado José: Muy pertinente en efecto recordar hoy la famosa y fatídica Ley del Terror a la que tanta convicción combatieron Juan Bustamante, los miembros de la Sociedad Amiga de los Indios y muchos campesinos de Puno, hasta pagar con su vidas. Pero quería introducir un matiz a tu post. Es un tema que he tratado en el epilogo de mi libro La República Plebeya. Creo que es errado decir que desde las insurrecciones andinas del siglo XVIII hasta el presente el estado ha optado por la represión antes que la negociación. Como bien dices al final de tu post, esas leyes represivas que criminalizaban la protesta social, se daban, como hoy, en un clima de auge exportador y por tanto violento despojo de recursos al campesinado (en el caso del Puno de Bustamante, la lana, que era el equivalente de lo que hoy es el oro). Sin embargo, en momentos en que la demanda sobre los recursos campesinos en el exterior era menor, encontramos un estado mucho más conciliador y negociador . Por eso, la rebelión Iquichana de Ayacucho (1825-28, la única en la historia republicana antes de la de Huancané) no fue reprimida con la misma lógica que la de Bustamanate, y menos que la la Tupac Amaru, como explico en el epílogo de mi libro. Más bien, en la post-independencia, el estado dijo un viraje dramático frente al estado borbónico represivo y lejos de sentenciar y ejecutar a los líderes indígenas/campesinos no sólo los perdonó, y ofreció amnistías a granel, sino que más tarde estos mismos líderes se convirtieron en aliados del Estado. El estado los necesitaba políticamente. Eran otros tiempos. El estado de 1820s no actuaba con la misma lógica represiva que el Estado de 1780s ni 1860s y 1870s. La historia nunca es lineal. No obstante, saludo tu post, pues es importante divulgar los fatídicos antecedentes de nuestro presente, si bien con los matices del caso.

  • iván caldas

    Interesante la reflexión sobre la represión y las protestas. Puno siguió sufriendo este pesar a inicios del siglo XX, muchos de los prefectos y sub-prefectos han dejado testimonios de la represión, de sus agresivas palabras y actitudes contra la población campesina, despojada de sus tierras. Pero tambien estas autoridades denunciaban a los malos curas de vida desordenada y a la corrupción de la compañia de transporte lacustre.